La Directiva Whistleblowing ha supuesto un avance para la prevención de los comportamientos ilegales en las empresas, sean infracciones o delitos. También llamada directiva del canal de denuncias, por regular su funcionamiento, ha propiciado cambios importantes a los que las organizaciones privadas y públicas han tenido que adaptarse. En este artículo en qué consiste la Directiva 2019/1937, sus objetivos y cómo afecta a las empresas privadas y entidades públicas en España.

¿Qué es la Directiva Whistleblowing?

La Directiva Whistleblowing es la normativa europea para proteger a las personas que informen sobre la comisión de irregularidades, infracciones o delitos dentro de las empresas y entidades públicas pertenecientes a la UE y el EEE (Espacio Económico Europeo).

También llamada directiva whistleblower o directiva de protección de denuncias, establece, entre otras cuestiones, nuevas exigencias para las empresas, como implantar un canal de denuncias, y una serie de garantías de protección para los denunciantes, para evitar que sufran represalias por denunciar esas conductas irregulares por parte de la organización.

Directiva canal de denuncias definición

Definición de la Directiva del canal de denuncias

El fin principal de la normativa whistleblowing europea es favorecer y facilitar la tarea de los denunciantes (también llamados alertadores o whistleblowers, de ahí que a esta Directiva se la conozca también como normativa whistleblowers), para sacar a la luz comportamientos ilícitos, pero sobre todo prevenirlos antes de que ocurran o puedan causar mayores daños. Además, también puede proporcionar grandes beneficios a las empresas, al promover una cultura basada en la legalidad y la prevención y detección de acciones ilegales en fases tempranas.

El whistleblowing, o informar sobre conductas irregulares, forma parte de la cultura del cumplimiento normativo y el canal de denuncia es un elemento imprescindible en cualquier sistema de gestión de compliance. Sin embargo, con la directiva europea para whistleblowers, las autoridades comunitarias buscan reforzar la detección temprana de conductas delictivas y, sobre todo, animar a quienes sean testigos de las mismas a denunciarlo, garantizándoles una protección adecuada.

Porque el papel del alertador (traducción de whistleblower en España) es crucial para prevenir la comisión de acciones o conductas infractoras y delictivas en las empresas y cualquier otro tipo de organizaciones privadas y públicas. Por ello, el canal de denuncias es clave para el cumplimiento de whistleblowing, siendo una herramienta imprescindible para las empresas y organizaciones obligadas a cumplir la normativa.

Objetivos de la directiva whistleblower

Aparte de promover y favorecer las denuncias internas en las organizaciones, la Directiva Whistleblowing tiene también estos objetivos:

  • Crear un sistema interno de información o canal de denuncias eficaz, que asegure la confidencialidad de los denunciantes.
  • Detectar y prevenir irregularidades, infracciones o delitos en fases tempranas.
  • Promover la cultura del cumplimiento normativo a través del uso del canal de denuncias interno de las organizaciones.
  • Proteger y acompañar a los denunciantes desde el momento en que hacen la denuncia.
  • Evitar que los denunciantes incurran en ningún tipo de responsabilidad.
  • Evitar que los denunciantes y su entorno cercano sufran ningún tipo de represalia.
  • Dar respuesta a las denuncias recibidas en un tiempo prudencial y poder llevar un seguimiento de las mismas.
Objetivos de la Directiva Whistleblowing

Objetivos de la Directiva Whistleblowing

El canal de denuncias en la Directiva Whistleblowing

La Directiva Whistleblowing establece cómo debe ser y funcionar el canal de denuncias para las empresas y entidades públicas obligadas a implementarlo. En concreto:

  • Canal de denuncias obligatorio para empresas con 50 o más personas trabajadoras, así como para todas las entidades y organismos públicos, con independencia de su número de trabajadores.
  • Puede ser digital y telemático, telefónico, por correo postal o cualquier otro medio de comunicación equivalente. Por ejemplo, se puede implementar a través de un software para tener un canal de denuncias de acceso y uso fácil para los denunciantes.
  • Debe garantizar la confidencialidad respecto a la identidad del denunciante, independientemente del tipo de vía comunicativa empleada.
  • Operar bajo los preceptos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), lo que también implica que las empresas obligadas por la Directiva Whistleblowing tendrán un DPO (Delegado de Protección de Datos).
  • Los grupos de empresas pueden utilizar canales de denuncia compartidos, siempre que cumplan con las obligaciones de la normativa.
  • Se debe designar a una persona u órgano colegiado para gestionar y realizar el seguimiento de las denuncias internas, es decir, un responsable del canal de denuncias. Este cometido podría recaer en la persona responsable del departamento de whistleblowing y compliance, el encargado del área de recursos humanos, un asesor legal o jurídico, algún miembro de la dirección o el consejo de administración de la compañía, o en el director financiero.
  • Cumplir los plazos para responder y procesar las denuncias internas:
    • Plazo de 7 días a contar desde la recepción de la denuncia para enviar un acuse de recibo al denunciante, es decir, para comunicarle que su denuncia ha sido recibida en el canal y que se procederá a su valoración.
    • Plazo de 3 meses para informar al denunciante acerca de cualquiera de las medidas adoptadas, basándose en los resultados extraídos de la investigación interna.
  • Ante posibles infracciones o delitos penales, el proceso incluye informar sobre ello a las autoridades competentes.
  • Comunicar la existencia del canal de denuncias y su funcionamiento a todos los miembros de la empresa y hacerlo público para el resto de personas que puedan hacer uso de él.
  • Las denuncias, tanto si han sido desestimadas como si han dado lugar a una investigación interna, serán almacenadas durante el tiempo que sea necesario para su posible consulta, además de para su documentación. La empresa deberá poner en marcha las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la integridad y seguridad de dichos informes.
  • Se admite el uso de un canal de denuncias externo, es decir, que las empresas pueden contratar un canal de denuncias a una empresa de whistleblowing ajena a las mismas (como puede ser un despacho de abogados o una consultoría o asesoría) para llevar la gestión del mismo, siempre y cuando el canal de denuncias cumpla con los requisitos y obligaciones contemplados en la Directiva y la investigación y resolución de la denuncia la lleve a cabo la persona u órgano colegiado designado para ello; si se contrata un proveedor de whistleblowing externo, se deberá hacer constar en la política de whistleblowing de la empresa u organización.

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¿A qué empresas afecta la directiva del canal de denuncias (whistleblowing)?

La directiva del canal denuncias (whistleblowing) afecta a empresas y organizaciones con 50 o más personas trabajadoras, así como a todas las Administraciones Públicas. Las obligaciones de la normativa whistleblowing, además, serán de aplicación sobre las denuncias que versen sobre infracciones en los ámbitos determinados por la Directiva, que pueden ser ampliados, además, por la legislación de los Estados miembros. En concreto, la Directiva recoge estas áreas:

  • Contratación pública
  • Servicios financieros
  • Seguridad de los productos, de los alimentos y del transporte
  • Protección del medioambiente
  • Sanidad animal
  • Seguridad nuclear
  • Salud pública
  • Protección de los consumidores
  • Privacidad y protección de datos
  • Competencia
  • Mercado interior o intereses financieros de la Unión

¿Cómo afecta la directiva whistleblower a las empresas?

La directiva whistleblower establece cómo debe funcionar el canal de denuncias dentro de las empresas (motivo por el que en algunas instancias se la denomina también directiva del canal de denuncias).

Así mismo, también establece cómo debe ser la protección y garantías para los denunciantes o informadores de irregularidades.

En resumen, la directiva whistleblower marca las pautas que las empresas (y otras organizaciones privadas y públicas) deben seguir a la hora de implementar el canal de denuncias, hacer la gestión de las denuncias y garantizar la confidencialidad y seguridad de los denunciantes, creando así un marco regulatorio común para todos los Estados miembros de la UE.

Por lo tanto, la Directiva Whistleblowing afecta a las empresas obligándolas a implementar un canal de denuncias (si tienen 50 o más empleados) y, en caso de ya contar con este canal interno de información, a adaptarlo a los requisitos de la normativa.

¿Qué procedimiento de denuncia se sigue en la Directiva Whistleblowing?

La Directiva Whistleblowing establece los pasos para el procedimiento de denuncia interna que deben aplicarse en las empresas y otras organizaciones obligadas:

  • Los canales para la recepción de denuncias estarán diseñados de acuerdo a los principios de confidencialidad y seguridad, para proteger la identidad de los denunciantes.
  • Se designará a una persona o departamento para la gestión de las denuncias, es decir, la recepción, seguimiento y acuse de recibo de las comunicaciones presentadas en el canal.
  • El plazo para responder a una denuncia no será superior a 90 días tras el acuse de recibo.
  • Se deberá informar de forma expresa y clara a las autoridades competentes del procedimiento de denuncia.

Protección de denunciantes prevista en la normativa

Como decíamos más arriba, uno de los principales objetivos de un sistema Whistleblowing es la protección de los alertadores, esto es, las personas que denuncian los comportamientos ilegales o ilícitos dentro de una organización. En este sentido, la nueva normativa establece una serie de principios:

  • La protección no queda limitada a las personas que denuncian los comportamientos negligentes, sino que también abarca a otros agentes como solicitantes de empleo, ex-empleados, periodistas o mediadores.
  • La normativa protege a los denunciantes ante posibles represalias por parte de la empresa. Por ejemplo, la empresa no podrá despedir, discriminar o cambiar las condiciones contractuales del denunciante.
  • En principio, la protección está limitada a las infracciones recogidas en la legislación de la Unión Europea, aunque es posible que con el tiempo esta protección se amplíe también a la legislación particular de cada uno de los Estados miembros.
  • El denunciante puede efectuar la denuncia comunicándolo a nivel interno en la empresa, o acudiendo a las autoridades de supervisión pertinentes. Si en ninguno de los casos obtiene respuesta, podría poner la denuncia en conocimiento de la opinión pública, por ejemplo, a través de los medios de comunicación. La protección de la Directiva 2019/1937 le asiste en cualquiera de estos casos.

Sanciones previstas en la Directiva Whistleblowing

Si bien, la Directiva Whistleblowing no contempla sanciones por no contar con una canal de denuncias explícitamente, sí que recoge en su artículo 33 la obligación de los Estados para establecer sanciones efectivas y proporcionadas aplicables a las personas físicas o jurídicas que:

  • Impidan o intenten impedir las denuncias.
  • Adopten medidas de represalia contra los denunciantes.
  • Promuevan procedimientos abusivos contra los denunciantes.
  • Incumplan el deber de mantener la confidencialidad de la identidad de los denunciantes.

Así mismo, también establece que las denuncias falsas hechas a sabiendas deben ser sancionadas de manera proporcionada. Los Estados miembros también establecerán medidas para indemnizar los daños y perjuicios derivados de estas denuncias falsas.

¿Cuándo entró en vigor la Directiva Whistleblowing?

La Directiva Whistleblowing fue aprobada el 23 de octubre de 2019 y entró en vigor el 17 de diciembre de 2021, momento en que vencía el plazo para su transposición en los Estados miembros de la UE.

Cabe recordar que las Directivas no tienen efectos directos en los Estados miembros hasta que estos las transpongan en su ordenamiento jurídico (a diferencia de los Reglamentos), de manera que la ley whistleblower en España no tuvo efecto hasta su transposición a nuestro ordenamiento jurídico.

Dicha transposición de la Directiva Whistleblowing en España entró en vigor el 13 de marzo de 2023, a través de la llamada Ley de protección de los informantes de corrupción o ley del canal de denuncias (Ley 2/2023, de 20 de febrero de 2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción).

Cabe señalar que la directiva whistleblower en España introdujo pocos cambios respecto al texto europeo; en ella el término whistleblower se tradujo como informadores y, técnicamente, al canal de denuncias se lo denomina sistema interno de información. En cuanto a las novedades:

  • La creación de una Autoridad Independiente de Protección al Informante.
  • La negociación previa con la representación legal de las personas trabajadoras.
  • Establece un régimen sancionador concreto para las personas físicas y jurídicas que obstaculicen o impidan el funcionamiento del canal de denuncias o tomen represalias contra los denunciantes con las siguientes sanciones máximas:
    • Hasta 1 millón de euros para personas jurídicas.
    • Hasta 300.000 euros para personas físicas.

Así mismo, el plazo para implantar el canal de denuncias en la empresa finalizó el 1 de diciembre de 2023, por lo que si tu empresa no ha implantado el canal de denuncias y está obligada a ello, no tenerlo te expone a importantes sanciones.

En Grupo Atico34 podemos ayudarte en todo lo relativo a la Directiva Whistleblowing. Nuestros expertos en compliance y cumplimiento directivo te guiarán en todo lo necesario para crear un canal de denuncias interno efectivo.