La consultoría legal en inteligencia artificial para empresas permite identificar las obligaciones aplicables antes de desarrollar, adquirir, comercializar o utilizar un sistema de IA.
El análisis debe partir de la finalidad y el uso concreto de la tecnología, los datos tratados, el nivel de riesgo y el papel que ocupa la organización como proveedor, responsable del despliegue, importador o distribuidor.
Nuestro asesoramiento legal sobre el AI Act coordina el cumplimiento de la Ley de Inteligencia Artificial con el RGPD, la LOPDGDD, la propiedad intelectual, la normativa de consumidores y las obligaciones sectoriales aplicables.
Es recomendable realizar una revisión jurídica, entre otros casos, cuando la empresa se encuentra en alguna de estas situaciones.
Va a contratar o implantar una herramienta de inteligencia artificial.
Desarrolla un sistema de IA o integra un modelo de propósito general en sus productos o servicios.
Utiliza IA para selección de personal, educación, crédito, servicios esenciales, biometría, seguridad o toma de decisiones sobre personas.
Trata datos personales o categorías especiales de datos mediante sistemas automatizados.
Necesita revisar contratos y responsabilidades con desarrolladores, proveedores o clientes.
Debe identificar usos prohibidos, sujetos a transparencia o de alto riesgo, y actuar ante incidentes, reclamaciones o posibles infracciones.
El alcance depende del sistema y del papel de la empresa. Nuestro servicio comprende el inventario de herramientas, la clasificación regulatoria, el análisis de riesgos, la revisión de contratos, las evaluaciones que correspondan, la documentación de cumplimiento, las políticas internas, la formación de la plantilla y el acompañamiento ante incidentes o autoridades.
Inventariamos los sistemas, su finalidad, los datos utilizados y los proveedores implicados. Identificamos el papel de la empresa, clasificamos el riesgo y detectamos brechas entre las obligaciones aplicables y las medidas existentes.
Redactamos y revisamos contratos sobre desarrollo, licencia, integración y uso de IA, incluyendo responsabilidades, propiedad intelectual, confidencialidad, seguridad, tratamiento de datos, niveles de servicio y uso de resultados.
Determinamos las obligaciones aplicables al caso y diseñamos un plan de adaptación que puede incluir políticas, procedimientos, supervisión humana, registros, información a usuarios y mecanismos de seguimiento.
Revisamos las bases jurídicas, la minimización de datos, la información a las personas, las decisiones automatizadas, las transferencias internacionales y la necesidad de realizar una evaluación de impacto conforme al RGPD.
Determinamos qué evaluación corresponde en cada supuesto y analizamos riesgos para la privacidad, la igualdad, la no discriminación, la seguridad y otros derechos afectados por el sistema.
Analizamos la distribución de responsabilidades entre los participantes del proyecto y prestamos asistencia ante incumplimientos contractuales, reclamaciones, incidentes, procedimientos administrativos o conflictos judiciales.
Revisamos las obligaciones de información, etiquetado o comunicación aplicables y diseñamos medidas de supervisión humana acordes con el uso y el riesgo del sistema.
Formamos a equipos directivos, jurídicos y técnicos para que conozcan los riesgos, límites de uso, responsabilidades y procedimientos internos relacionados con las herramientas de IA.
Ayudamos a mantener actualizada la documentación, revisar cambios en sistemas y proveedores, gestionar incidentes y adaptar las medidas a la evolución normativa y técnica.
Una misma organización puede asumir distintos papeles en función del sistema y de cómo lo desarrolla, comercializa o utiliza. Por eso el análisis debe realizarse proyecto por proyecto.
Nuestro equipo legal combina experiencia en protección de datos, compliance y derecho tecnológico con conocimiento de los procesos empresariales en los que se integra la inteligencia artificial. Cada proyecto es supervisado por un abogado especializado en inteligencia artificial, en coordinación con el departamento jurídico de la empresa cuando resulta necesario. Así abordamos conjuntamente los requisitos jurídicos, la documentación, los contratos y la implantación práctica de las medidas.
No. Las obligaciones dependen del sistema, su finalidad, el nivel de riesgo y el papel que desempeña la empresa. Una herramienta de bajo riesgo no exige las mismas medidas que un sistema de alto riesgo utilizado para decidir sobre personas.
No. Debe analizarse si corresponde una evaluación de impacto relativa a la protección de datos, una evaluación sobre derechos fundamentales u otro análisis sectorial. La obligación y su alcance dependen del tratamiento y del sistema.
La auditoría identifica sistemas, riesgos y brechas de cumplimiento. El asesoramiento legal también comprende la interpretación normativa, la preparación de contratos y documentos, la implantación de medidas y el acompañamiento continuado.
Sí, especialmente cuando existen tratamientos de datos, desarrollos personalizados, licencias, acceso a información confidencial o responsabilidades compartidas. El contrato debe reflejar el funcionamiento real del servicio y el reparto de obligaciones.
