El compliance penal se está convirtiendo en una de las «herramientas» más útiles para aquellas empresas que quieren evitar la comisión de delitos dentro de su seno. En este artículo explicaremos qué es el compliance penal, qué objetivos persigue su implementación y dónde su regula. También responderemos a la pregunta de si el compliance penal es obligatorio para las empresas.

¿Qué es el compliance penal?

El compliance penal es el conjunto de herramientas y medidas cuyo fin es prevenir la comisión de delitos penales dentro de una organización, cometidos por cualquiera de sus miembros, de los que se puede derivar la responsabilidad penal de la persona jurídica.

En el compliance penal, cuyo significado es cumplimiento normativo, se «mezclan» dos conceptos; por un lado, el propio compliance, como el plan o programa cuyo objetivo es prevenir la comisión de infracciones, irregularidades y delitos por quienes forman parte de una organización, es decir, son las herramientas y medidas destinadas a asegurar el cumplimiento de las leyes, normas, reglamentos, códigos éticos, políticas internas, etc., dentro de la organización.

Y, por otro lado, del Derecho Penal, que, en términos sencillos, es aquella rama del Derecho que regula la potestad punitiva del Estado y la imposición de sanciones ante aquellas acciones, actividades o hechos que afecten al orden normativo de la sociedad.

El compliance penal son herramientas y medidas de carácter preventivo, implementadas en una empresa, para evitar la comisión de delitos que podrían tener consecuencias negativas para la propia empresa.

El compliance penal es, por tanto, una rama o «especialización» del compliance, (como lo son el compliance tributario o fiscal, el compliance financiero o el compliance en el sector público), que tiene su origen en las consecuencias del caso Watergate y la exposición de diferentes casos de corrupción en EE. UU., y que en las dos primeras décadas del siglo XXI ha ido extendiéndose y cobrando una mayor relevancia tanto para las empresas como para la sociedad.

¿Qué objetivos tiene el Compliance Penal?

El principal objetivo del compliance penal empresarial es establecer un sistema de prevención de delitos penales, puesto que permite detectar los riesgos de cumplimiento a los que una empresa está más expuesta por su ámbito de actuación y su sector de actividad, así como por su tamaño (no todas las empresas están expuestas a los mismos niveles de riesgo penal).

Además, el compliance penal permite al conjunto de la compañía tener una mayor visibilidad sobre su funcionamiento y, por tanto, un mayor control sobre su forma de operar y sus procesos de toma de decisión, para asegurarse de que se observa el cumplimiento de las leyes y normas aplicables, reduciendo así posibles riesgos de incumplimiento de los que se pueda derivar su responsabilidad penal.

De manera que el otro objetivo que se persigue con la implementación del compliance penal en la empresa, es protegerla frente a una posible sanción derivada de la comisión de un delito por uno o varios de sus miembros, atenuando o evitando así la responsabilidad penal de la persona jurídica.

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¿Es obligatorio el compliance penal para las empresas?

El compliance penal no es obligatorio, sin embargo, y de acuerdo al artículo 31 bis del Código Penal, tener implantado un plan de compliance penal o un plan de prevención de delitos penales, puede atenuar o eximir la responsabilidad penal de las empresas, siempre que este plan no sea meramente cosmético, esté adecuado a la empresa y su actividad económica y cumpla con al menos uno de los requisitos recogidos en el citado artículo del Código Penal.

Por lo tanto, aunque no es obligatorio, el compliance penal sí es necesario para aquellas empresas que quieran evitar problemas legales en el futuro, derivados de la comisión de delitos por parte de sus miembros, consecuencias que, como veremos más adelante, van desde sanciones, hasta pérdida de confianza y reputación.

Requisitos de un sistema de compliance penal

Como decíamos, el artículo 31 bis.5 del Código Penal establece los seis requisitos con los que debe contar una política de compliance penal:

  • Identificar las actividades en las que sea más probable que se cometan delitos o infracciones.
  • Establecer protocolos o procedimientos mediante los que se fijarán el proceso de voluntad de la empresa y de cómo se llevarán a cabo la toma de decisiones y la ejecución de las mismas.
  • Disponer de modelos para gestionar los recursos financieros adecuados para prevenir la comisión de delitos.
  • Imposición de la obligación de informar sobre posibles riesgos o incumplimientos al organismo encargado de vigilar el sistema de prevención de delitos.
  • Establecer un sistema disciplinario para castigar el incumplimiento de las normas contenidas en el plan de prevención.
  • Verificar periódicamente el sistema de prevención para hacer las modificaciones o ajustes necesarios cuando se produzcan cambios en la organización o tras la comisión de algún delito.

A la hora de valorar el plan de prevención de riesgos penales o el plan de compliance penal, los jueces tendrán en cuenta el principio de proporcionalidad, es decir, se valorará el tamaño de la empresa y su volumen de negocio, por lo que para determinadas empresas contar con uno solo de estos requisitos puede ser suficiente para atenuar su responsabilidad penal.

En cualquier caso, estos requisitos no son más que un pequeño manual de compliance penal, que las empresas pueden ampliar recurriendo a diferentes normas y estándares internacionales, entre los que destacamos la norma ISO 37301 de sistemas de gestión de compliance o la norma ISO 37001 para elaborar su política antisoborno.

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¿Dónde se regula el compliance penal en España?

En España, el compliance penal para empresas y otras personas jurídicas está regulado en el artículo 31 bis del Código Penal, donde se establece la responsabilidad penal de estas para 30 delitos de compliance penal, como son, por ejemplo, el delito de cohecho, el de tráfico de influencias, el de blanqueo de capitales, el de estafa, la insolvencia punible, los daños contra la salud pública o el delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, entre otros.

El artículo 31 bis.5 detalla, además, los requisitos que debe contemplar cualquier plan de compliance penal o plan de prevención de delitos penales (que veremos más adelante).

Consecuencias de no tener un Compliance Penal

No tener un plan o programa de compliance penal supone para la empresa ser penalmente responsable de cualquier delito (de los 30 recogidos en el artículo 31 bis del CP) cometido por uno o varios de sus miembros (tanto empleados como directivos, representantes o administradores).

Así, las consecuencias pueden ser realmente negativas para la empresa, puesto que, dependiendo de la gravedad del hecho, podría enfrentarse a alguna de las siguientes sanciones:

  • Multas de cuantías elevadas.
  • Suspensión de actividades.
  • Cierre de locales o establecimientos.
  • Intervención judicial.
  • Pérdida de incentivos fiscales y beneficios de la Seguridad Social.
  • Pérdida de subvenciones y ayudas públicas.
  • Imposibilidad de contratar con el sector público.
  • Disolución de la empresa.

Además, que una empresa sea condenada por la comisión de uno de los delitos contemplados en el CP, supone una pérdida de reputación y confianza (de clientes, accionistas, inversores, etc.), lo que puede derivar en más pérdidas económicas.

¿Por qué implantar un sistema de compliance penal?

Si el compliance penal no es obligatorio, ¿por qué implantarlo en la empresa? ¿Por qué invertir en el precio de un plan de compliance penal?

Las razones son varias:

  • Un plan de compliance penal efectivo y adecuado a la empresa y su actividad, como ya hemos dicho, puede atenuar e incluso eximir a la empresa de su responsabilidad penal ante la comisión de un delito por uno de sus miembros.
  • Permite tener un mayor control sobre los procesos y operaciones de la empresa.
  • Evitará que la empresa incurra en otros costes derivados de la imposición de sanciones económicas (cuyas multas pueden alcanzar los 9 millones de euros o el quíntuple del valor del beneficio obtenido por el perjuicio causado).
  • Evitará sanciones penales como pueden ser la disolución de la empresa, su suspensión o su inhabilitación.
  • Es una garantía ante terceros, como autoridades u otras empresas o socios, puesto que demuestra el compromiso con la cultura del cumplimiento normativo.
  • Puede suponer una ventaja en procesos de contratación pública.
  • Mejora la imagen corporativa y reputacional de las empresas.