Compliance penal: Qué es, para qué sirve y ejemplos

El compliance penal es la «herramienta» con la que las empresas pueden evitar la comisión de delitos dentro de su seno.

En este artículo detallaremos en qué consiste el compliance penal, cuándo es obligatorio y dónde se regula el compliance penal en España.

¿Qué es el compliance penal?

El compliance penal es el conjunto de políticas y medidas implantadas en una empresa para asegurar que todos los procesos y procedimientos que intervienen en el desarrollo de su actividad se realizan de acuerdo a la normativa vigente, en concreto, para identificar y prevenir los riesgos de comisión de delitos penales.

Este conjunto de políticas y medidas se recogen e implementan a través de un programa de compliance penal y afecta a toda la empresa, desde sus directivos hasta sus trabajadores están obligados a observarlo y cumplirlo. Así mismo, algunas de las medidas del programa de compliance penal se aplican también a los proveedores y socios comerciales.

El compliance penal en España toma relevancia y comienza a implementarse en las empresas tras la reforma del Código Penal de 2010 y 2015; estas reformas introdujeron la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la forma en la que se puede atenuar o eximir dicha responsabilidad, respectivamente. El programa o plan de compliance penal es esa forma, de manera que se establece una estrecha relación entre compliance y Derecho Penal, especialmente en lo que respecta a los delitos penales de los que se puede derivar la responsabilidad penal para una empresa.

Por lo tanto, de la misma forma que el Derecho Penal es una rama del Derecho, el compliance penal se considera una rama o «especialización» del compliance o cumplimiento normativo (como lo son el compliance tributario o fiscal, el compliance financiero o el compliance en el sector público) orientada a la gestión de riesgos de incumplimiento penal y la prevención de la comisión de una serie de delitos penales de los que las personas jurídicas pueden tener responsabilidad penal.

El compliance penal son las medidas y procedimientos de carácter preventivo, implementadas en una empresa, para evitar y detectar la comisión de delitos por los que la empresa podría tener responsabilidad penal.

¿Para qué sirve implantar un sistema de compliance penal en una empresa?

La implementación del compliance penal en empresas tiene como objetivo establecer un sistema de prevención de delitos penales, puesto que permite detectar los riesgos de cumplimiento a los que una empresa está más expuesta por su ámbito de actuación y su sector de actividad, así como por su tamaño (no todas las empresas están expuestas a los mismos niveles de riesgo penal).

Además, el compliance penal permite al conjunto de la compañía tener una mayor visibilidad sobre su funcionamiento y, por tanto, un mayor control sobre su forma de operar y sus procesos de toma de decisión, para asegurarse de que se observa el cumplimiento de las leyes y normas aplicables, reduciendo así posibles riesgos de incumplimiento de los que se pueda derivar su responsabilidad penal.

Así mismo, implantar un plan de compliance penal también sirve a las empresas para obtener los siguientes beneficios:

• Evitar incurrir en costes derivados de la imposición de multas (las más elevadas en los casos más graves pueden alcanzar y superar los 9 millones de euros).
• Evitar sanciones penales como pueden ser la disolución de la empresa, su suspensión o su inhabilitación.
• El plan de compliance penal se convierte en una garantía ante terceros, no solo las autoridades, sino también otras empresas y potenciales socios e inversores.
• Es un elemento decisivo para los procesos de contratación pública.
• Mejora la imagen corporativa y reputacional de la empresa.

¿Cuándo es obligatorio el compliance penal en las empresas?

El compliance penal no es obligatorio, sin embargo, y de acuerdo al artículo 31 bis del Código Penal, tener implementado un plan de prevención de delitos penales o un plan de compliance penal para empresas, puede atenuar o eximir la responsabilidad penal de las empresas, siempre que este plan no sea meramente cosmético, esté adecuado a la empresa y su actividad económica y cumpla con al menos uno de los requisitos recogidos en el citado artículo del Código Penal.

Por lo tanto, podemos hablar de compliance penal obligatorio para cualquier empresa que quiera eximir o atenuar su posible responsabilidad penal por los delitos cometidos por sus miembros y de los que obtenga un beneficio directo o indirecto.

Así mismo, cabe señalar que tener un sistema de compliance penal en la empresa sí es requisito obligatorio para aquellas compañías que quieran contratar con el sector público o solicitar subvenciones o ayudas de las Administraciones.

¿Dónde se regula el compliance penal en España?

El compliance penal en España está regulado en el artículo 31 bis del Código Penal, donde se establece la responsabilidad penal de estas para 30 delitos de compliance penal, como son, por ejemplo, el delito de cohecho, el de tráfico de influencias, el de blanqueo de capitales, el de estafa, la insolvencia punible, los daños contra la salud pública o el delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, entre otros.

El artículo 31 bis.5 detalla los requisitos que debe contemplar cualquier plan de prevención de delitos penales o plan de compliance penal en una empresa.

¿Cómo implantar un sistema de compliance penal en la empresa?

Para implantar un sistema de compliance penal en la empresa, se deben seguir estos pasos:

1. Crear un órgano encargado de las funciones del compliance penal, es decir, designar un compliance officer. Este órgano puede estar formado por una o más personas, que deben contar con experiencia y formación en compliance en Derecho Penal, así como capacidad e independencia para la toma de decisiones relativa al cumplimiento normativo de la empresa.
2. Elaborar un mapa de riesgos penales a los que se puede enfrentar la empresa; para ello se debe tener en cuenta la actividad comercial y contexto de la empresa y a qué delitos está más expuesta.
3. De las conclusiones extraídas del mapa de riesgos, se podrán elaborar diferentes protocolos de actuaciones e implantar medidas preventivas para minimizar las probabilidades de la comisión de delitos penales en la empresa.
4. También se elaborará, si aún no se tiene, un código ético.
5. Se creará e implantará un canal de denuncias interno, para que los empleados puedan comunicar la comisión de posibles irregularidades o delitos. El canal de denuncias estará gestionado por un responsable propio, que puede pertenecer al órgano de compliance.
6. Se elaborará un régimen disciplinario interno, basado en la proporcionalidad y en los límites que marca la ley para ello.
7. Los protocolos de actuación, el código ético y el canal de denuncias se comunicarán a todos los miembros de la empresa.
8. Establecer mecanismos de seguimiento y mejora continua del plan de compliance penal.

Dada la complejidad que puede llegar a suponer la elaboración, implementación y seguimiento de un programa de compliance penal, es recomendable contratar los servicios en compliance penal con una consultoría especializada en cumplimiento normativo.

Ejemplo de compliance penal

Para ilustrar este artículo sobre el compliance penal y los objetivos que se persigue con su implantación en la empresa, qué mejor que un ejemplo de compliance penal.

Puesto que los programas de compliance son documentos internos de las empresas, los ejemplos que os dejamos a continuación son la política de compliance penal de dos organizaciones, CaixaBank y ACS, que recoge los principios generales de compliance penal por los que se rigen y que se derivan de la adopción de un programa de prevención de delitos penales.

• Principios Generales de la Política Corporativa de Compliance Penal de CaixaBank
• Política de Compliance Penal y anti-soborno de ACS

Modelo de compliance penal

Si bien no existe modelo de compliance penal único, cualquier empresa que quiera elaborar e implementar su propio modelo deberá cumplir con los requisitos recogidos en el artículo 31 bis.5 del Código Penal:

• Identificar las actividades en las que sea más probable que se cometan delitos o infracciones.
• Establecer protocolos o procedimientos mediante los que se fijarán el proceso de voluntad de la empresa y de cómo se llevarán a cabo la toma de decisiones y la ejecución de las mismas.
• Disponer de modelos para gestionar los recursos financieros adecuados para prevenir la comisión de delitos.
• Imposición de la obligación de informar sobre posibles riesgos o incumplimientos al organismo encargado de vigilar el sistema de prevención de delitos.
• Establecer un sistema disciplinario para castigar el incumplimiento de las normas contenidas en el plan de prevención.
• Verificar periódicamente el sistema de prevención para hacer las modificaciones o ajustes necesarios cuando se produzcan cambios en la organización o tras la comisión de algún delito.

A la hora de valorar el plan de prevención de riesgos penales o el plan de compliance penal de una empresa, los jueces tendrán en cuenta el principio de proporcionalidad, es decir, se valorará el tamaño de la empresa y su volumen de negocio, por lo que para determinadas empresas contar con uno solo de estos requisitos puede ser suficiente para atenuar su responsabilidad penal.

En cualquier caso, estos requisitos no son más que un pequeño manual de compliance penal, que las empresas pueden ampliar recurriendo a diferentes normas y estándares internacionales, entre los que destacamos la norma ISO 37301 de sistemas de gestión de compliance o la norma ISO 37001 para elaborar su política antisoborno.

Consecuencias de no tener un Compliance Penal en la empresa

No tener un plan o programa de compliance penal supone para la empresa ser penalmente responsable de cualquier delito (de los 30 recogidos en el artículo 31 bis del CP) cometido por uno o varios de sus miembros (tanto empleados como directivos, representantes o administradores).

Así, las consecuencias pueden ser realmente negativas para la empresa, puesto que, dependiendo de la gravedad del hecho, podría enfrentarse a alguna de las siguientes sanciones:

• Multas de cuantías elevadas.
• Suspensión de actividades.
• Cierre de locales o establecimientos.
• Intervención judicial.
• Pérdida de incentivos fiscales y beneficios de la Seguridad Social.
• Pérdida de subvenciones y ayudas públicas.
• Imposibilidad de contratar con el sector público.
• Disolución de la empresa.

Además, que una empresa sea condenada por la comisión de uno de los delitos contemplados en el CP, supone una pérdida de reputación y confianza (de clientes, accionistas, inversores, etc.), lo que puede derivar en más pérdidas económicas.

En definitiva, cualquier empresa que quiera evitar las consecuencias penales de los delitos cometidos por alguno de sus miembros, debe considerar la implantación de un plan de compliance penal.