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Compliance

Línea ética o whistleblower: ¿en qué se diferencian?

Con la Directiva Whistleblowing, y también el compliance, son varios los conceptos que han llegado a los planes de cumplimiento normativo de las empresas; en este artículo nos vamos a centrar en dos de esos conceptos, estrechamente relacionados entre sí, línea ética y whistleblower, veremos en qué se diferencian y cuál es el marco normativo que los regulan en España.

¿Cuál es la diferencia entre línea ética y whistleblower?

Cómo decíamos en la introducción, los conceptos de línea ética y whistleblower están estrechamente relacionados entre sí y para quienes no están habituados a tratar con temas relativos al compliance en general, y la Directiva Whistleblowing en particular, es relativamente fácil confundirlos. Sin embargo, existe una diferencia entre ellos.

Por un lado, la línea ética o canal ético es la herramienta y procedimiento implantado en una empresa o entidad pública para que sus empleados puedan notificar o informar de conductas o comportamiento irregulares que contravienen el código ético de la organización (o la normativa interna) de otros empleados, con el objetivo de ponerlo en conocimiento del órgano de cumplimiento o de Recursos Humanos, para ponerle fin y que sean aplicadas las medidas correctoras o disciplinarias correspondientes. Así mismo, también tiene como fin evitar que tales conductas o comportamientos puedan acabar conduciendo a la comisión de un delito del que la empresa podría sufrir consecuencias legales.

Por su parte, whistleblower es un concepto anglosajón que se ha venido a traducir como «alertador» o «informante». Dentro del ámbito del compliance, el whistleblower es el empleado (aunque también puede ser una persona externa a la empresa o la entidad pública que haya tenido o tenga alguna relación con la misma) que informa de la comisión de una acción o conducta irregular o ilícita, bien comunicándolo a la empresa o entidad pública, o bien ante las autoridades competentes o, en algunos casos, haciéndolo público a través de los medios de comunicación.

Por lo tanto, la línea ética es la vía habilitada por la entidad y que utiliza el whistleblower para denunciar los hechos irregulares o ilícitos de los que haya sido testigo.

Sin línea ética, el whistleblower tendría que recurrir a las autoridades o los medios para comunicar esos hechos, gracias a la existencia del canal ético, la empresa o entidad pública puede solucionar de manera interna el problema, tomando las medidas correctoras y disciplinarias oportunas y, en caso de que fuera necesario o así lo indique la ley, acudir la autoridad correspondiente para denunciarlo, lo pone de manifiesto el compromiso de la empresa o entidad con el cumplimiento normativo, la ética y la transparencia.

Así mismo, y cómo veremos en los siguientes puntos, gracias al desarrollo de leyes y normas para la protección de los informantes, los whistleblowers tienen cada vez una mayor protección legal frente a posibles represalias, algo imprescindible para lograr que más personas den el paso adelante cuando son testigos de acciones ilícitas.

Whistleblowing y canales éticos

Hablar de la línea ética de whistleblower, es hablar necesariamente, y siguiendo con la línea del último párrafo del punto anterior, de whistleblowing y del Canal de Denuncia, puesto que el primer concepto engloba al segundo.

Cabe señalar que pese a la larga tradición del whistleblowing y la línea ética en el mundo corporativo anglosajón, no ha sido hasta años más recientes, con la entrada en vigor de la Directiva Whistleblowing en la UE, que se ha regulado el funcionamiento de los canales de denuncia internos y la protección de los denunciantes, con el objetivo, cómo decíamos más arriba, de facilitar la denuncia de conductas o acciones ilícitas dentro de las empresas y las entidades públicas y de promover una auténtica cultura ética y del cumplimiento normativo.

Marco normativo

Tanto para establecer un estándar de cómo deben ser y funcionar los canales de denuncias, quiénes están obligados a tenerlos implantados y qué protección y apoyo recibirán los alertadores, existen en el mundo diferentes marcos legales.

En la UE y en España, el marco normativo del canal de denuncia lo constituyen la Directiva Whistleblowing y la Ley de Protección de informadores de corrupción (también conocida como Ley del canal de denuncias).

Esta normativa establece el canal de denuncias obligatorio para empresas y organizaciones privadas de 50 o más empleados y para todas las entidades y organismos públicos, con independencia de su número de empleados. Así mismo, también establece esa obligación para empresas que facturen más de 10 millones de euros al año y para aquellas dedicadas a determinadas actividades y sectores.

Hasta la entrada en vigor de la misma, para implantar el canal de denuncias, las empresas solo podían recurrir a estándares internacionales, como la ISO 37301 sobre Sistemas de Gestión de Compliance, que lo trata de manera tangencial, o la más reciente ISO 37002 sobre Sistemas de gestión de la denuncia de irregularidades, que sí es una guía dedicada a la creación de una línea ética whistleblowing o canal de denuncias interno.

La normativa europea y española también recogen las medidas de protección y apoyo que deben brindarse a los whistleblowers y prohíben cualquier tipo de acción contra ellos que pueda constituir una represalia o amenaza de la misma (como, por ejemplo, el despido, la discriminación, la degradación de categoría, etc.). Así mismo, la ley española establece un régimen sancionador para las empresas y entidades públicas que incurran en infracciones relacionadas con el funcionamiento del canal de denuncias, la gestión de las mismas y la protección de los denunciantes.

También se contempla la creación de una autoridad de control independiente, que en España es la Autoridad Independiente de Protección al Informante, que supervisa la aplicación de la ley, tiene potestad investigadora y sancionadora y que funciona como un canal externo de información al que pueden recurrir los whistleblowers.

Este marco normativo para la línea ética whistleblowing establece unos mínimos legales para empresas privadas y entidades públicas que deben cumplir para garantizar el funcionamiento de los canales de denuncia y la protección de los denunciantes. Esos mínimos son la confidencialidad y el anonimato y la prohibición de cualquier tipo de represalia.

Es decir, cualquier línea ética, canal ético o canal de denuncia debe contar con medidas que garanticen la confidencialidad de las denuncias (proteger la identidad del alertador y las personas afectadas por la denuncia), así como deben permitir la recepción y gestión de denuncias anónimas.

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Protección del whistleblower

Ya lo hemos ido desarrollando en el punto anterior, la protección del whistleblower es fundamental para garantizar una línea ética whistleblowing eficiente y efectiva. Para ello no solo se deben cumplir con los requisitos y obligaciones contempladas en la normativa, también es necesario implicar a los responsables del canal de denuncias y al resto de participantes en los procesos de investigación y resolución de denuncias, de la importancia de mantener la confidencialidad de los alertadores.

Esa protección también requiere la posibilidad de que se puedan hacer denuncias anónimas, puesto que los posibles alertadores se sienten más inclinados a informar de irregularidades o conductas ilícitas dentro de la empresa, si pueden preservar su identidad. Además, el formato de denuncia anónima se presenta en sí como una medida para evitar posibles represalias en contra del alertador que finalmente decide remitir una información o comunicación al responsable del canal de denuncias.

En definitiva, en la lucha contra la corrupción y las irregularidades, la línea ética y el whistleblower son actores principales, ahora regulados por ley en la UE y en España.

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