Clave en el ámbito del compliance, la figura del whistleblower ha ido cobrando cada vez más relevancia, sin embargo, todavía son pocos los países que han adoptado normativas específicas para su protección. Pero ¿qué es un whistleblower? ¿Por qué decimos que es clave dentro del cumplimiento normativo? En este artículo analizamos la figura del whistleblower y su importancia para las organizaciones y para la sociedad.
En este artículo hablamos de:
¿Qué es un whistleblower?
Un whistleblower es un alertador (o informante o denunciante) que ante una irregularidad o conducta delictiva dentro de su organización (empresa, organismo público, etc.), informa sobre la misma, bien de manera interna, si la organización cuenta con los canales adecuados para ello, o bien de manera externa, acudiendo a las autoridades competentes o directamente haciéndolo público a través de la prensa.
El objetivo del whistleblower es avisar de una conducta irregular y que infringe la ley o el código ético de la organización para que se le ponga fin y se deje de causar daño o perjuicio a la organización, a miembros de la organización o a la propia sociedad.
Seguro que os suenan nombres como Julian Assange o Edward Snowden, o más cercano, Ana Garrido (que fue la filtradora original de la trama Gürtel); todos ellos fueron whistleblowers, personas que denunciaron conductas ilícitas de organizaciones con las que tenían alguna relación.
El uso del término whistleblower proviene del mundo anglosajón y su significado está en su etimología; «hacer sonar el silbato» para alertar de algo. Estos últimos años ha cobrado mayor relevancia no solo por el desarrollo e implantación de los sistemas de compliance, donde son, cómo decíamos al principio, una pieza clave, sino también por la aprobación y entrada en vigor de la Directiva Whistleblowing europea, con la que se quiere incentivar la denuncia interna en las organizaciones y proteger mejor a los whistleblowers.
Y es que pese a su importancia y relevancia, el whistleblower enfrenta muchas veces represalias por parte de la organización denunciada o miembros de la misma, como pueden ser el despido o las amenazas. De ahí la necesidad de promover leyes y prácticas éticas que protejan a estos alertadores.
¿Denunciante y whistleblower son lo mismo?
En el caso que nos ocupa en este artículo, sí, denunciante y whistleblower pueden emplearse como términos sinónimos, si bien cabe señalar que en la normativa española se ha traducido whistleblower como informante, ya que la denuncia lleva implícita la obligación de identificarse al hacerla y en el caso del canal de denuncias o canal ético de una organización, tal y como lo prevé la ley, las denuncias (comunicaciones o informaciones) pueden hacerse de manera anónima.
¿Cuál es la importancia de la figura del whistleblower?
La importancia de la figura del whistleblower o alertador es doble; para las organizaciones, porque puede ayudarlas a detectar de manera temprana la comisión de posibles irregularidades o ilícitos penales y ponerles fin antes de que se hagan públicos o lleguen a los tribunales. Esto puede suponer tanto un ahorro de costes económicos (derivados de sanciones) como del impacto negativo en la imagen y reputación de la empresa, lo que suele implicar pérdida de confianza de clientes y posibles socios o inversores.
Y, por otro lado, para la sociedad en su conjunto, puesto que gracias a los whistleblowers se han dado a conocer casos de corrupción política y de corrupción en los negocios, poniéndoles fin y, en muchos casos, consiguiendo llevarlos ante los tribunales. Acabar con malas prácticas en las organizaciones es algo que contribuye siempre a la mejora de la sociedad.
Pero no debemos olvidar lo mucho que se exponen los whistleblowers al denunciar las conductas ilícitas que se producen dentro de su organización, no solo ponen en juego su puesto de trabajo, sino también su reputación, su carrera y, a veces, incluso su salud y bienestar y el de sus allegados.
Por ello, y con el objetivo de fomentar la ética y la transparencia en las organizaciones y reducir los casos de corrupción política y en los negocios, diferentes países han promovido la elaboración de leyes para proteger a los whistleblowers, leyes como la ya citada Directiva Whistleblowing, que animen a que sean más las personas las que se decidan a dar el paso adelante y denunciar las conductas ilícitas de sus organizaciones.
¿Qué puede denunciar el whistleblower?
El whistleblower puede denunciar irregularidades, es decir, conductas ilícitas que puedan suponer la comisión de una infracción o de un delito penal, dentro de la organización, bien cometidas por otros compañeros o por superiores jerárquicos, tanto si se hacen por omisión o descuido como de forma intencional.
Esto quiere decir que presentar quejas por conflictos con otros miembros de la organización o la propia organización, no convertiría a alguien en un whistleblower. Sí lo haría, por el contrario, denunciar casos de:
- Corrupción
- Discriminación laboral
- Acoso laboral o acoso sexual o por razón de sexo
- Infracciones administrativas
- Delitos penales
- Vulneración de derechos fundamentales
- Uso indebido de información o datos
- Malas prácticas, etc.
¿Qué ley protege al whistleblower en España?
La ley que protege al whistleblower en España es la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, comúnmente llamada Ley de protección del denunciante de corrupción.
Esta ley es la transposición de la Directiva Whistleblowing europea al ordenamiento jurídico español y regula, entre otras cosas, el funcionamiento del canal de denuncias en empresas y otras organizaciones públicas y privadas, una herramienta fundamental para no solo promover la denuncia dentro de la empresa, sino también para proteger a los alertadores y asegurar su confidencialidad.
¿Cómo se protege al whistleblower según la ley?
La ley 2/2023 establece no solo la obligatoriedad del canal de denuncias para empresas y organizaciones de más de 50 empleados, sino también la prohibición de tomar represalias contra los whistleblowers, así como la obligación de adoptar medidas de apoyo para los mismos.
Así, la ley prohíbe cualquier tipo de represalia, como la suspensión del contrato de trabajo, el despido, la degradación, la denegación de ascensos o cualquier modificación sustancial de las condiciones de trabajo, así como los daños a la reputación, las amenazas o coacciones o el acoso, la inclusión en listas negras o cualquier tipo de trato desfavorable.
En cuanto a las medidas de protección y apoyo, el canal de denuncias debe estar gestionado de tal manera que permita la denuncia anónima y, en caso de que el whistleblower se identifique, garantizar la confidencialidad de su identidad.
Así mismo, la ley también exige que se le ofrezca al whistleblower información y asesoramiento independientes y accesibles, asistencia efectiva por parte de las autoridades competentes, asistencia jurídica en procesos penales y civiles y, de ser necesario, apoyo financiero y psicológico.
Se trata de garantizar a los alertadores de que su identidad quedará preservada durante el proceso de investigación, de que no se tomarán represalias en su contra y de que contará con el apoyo necesario durante todo el proceso.
Una de las mejores formas de asegurarnos de que nuestra empresa cumple con los requisitos exigidos por la ley al canal de denuncias, es recurrir a un software para el canal de denuncias para implantarlo y gestionarlo, ya que este tipo de programas garantizan el cumplimiento de aspectos tan importantes como garantizar la confidencialidad de los denunciantes, además de admitir la denuncia anónima.
Si quieres saber más sobre cómo proteger a los alertadores y promover la denuncia interna dentro de tu empresa, no dudes en ponerte en contacto con Grupo Atico34, ponemos a tu disposición nuestra experiencia en el ámbito de compliance y te ayudamos a implantar el canal de denuncias de acuerdo a la ley.