A partir del 29 de junio de 2023, las llamadas comerciales no deseadas, es decir, las más conocidas como llamadas spam, estarán prohibidas por ley o, al menos, más limitadas. En este artículo repasamos qué dice la ley de prohibición para llamadas spam y a quién afecta.
En este artículo hablamos de:
¿Qué dice la ley que prohíbe las llamadas spam?
La nueva Ley General de Telecomunicaciones, publicada en el BOE el 28 de junio de 2022, es la ley de que prohíbe la realización de llamadas spam, y lo hace en su artículo 66.1.b), que nos dice que como usuarios finales de los servicios de comunicaciones interpersonales basados en la numeración (es decir, como usuarios de un número de teléfono), tenemos derecho a:
No recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo del propio usuario para recibir este tipo de comunicaciones comerciales o salvo que la comunicación pueda ampararse en otra base de legitimación de las previstas en el artículo 6.1 del RGPD.
Es decir, que si no hemos dado nuestro consentimiento previo para ello, ninguna empresa podrá llamarnos por teléfono con fines comerciales, si no puede ampararse en otra base jurídica reconocida en el RGPD, como son el cumplimiento de una misión realizada en interés público o el interés legítimo.
Es ese interés legítimo en el que muchas empresas tratarán de ampararse para seguir realizando estas llamadas comerciales, pero solo en el caso de que exista una relación contractual previa entre el usuario y la empresa, podrá alegarse ese interés legítimo. Es el caso, por ejemplo, de la empresa de telefonía con la que tengamos contratada la línea o el acceso a internet, podrá seguir llamándonos para ofrecernos nuevos productos u ofertas relacionadas con productos que ya tenemos contratados.
Con este nuevo artículo de la Ley General de Telecomunicaciones, los usuarios ya no tenemos que recurrir a apuntarnos a listas de exclusión publicitaria, como la Lista Robinson, para oponernos a este tipo de llamadas comerciales, sino que directamente las empresas no pueden llamarnos si no les hemos dado el consentimiento para hacerlo, lo que hace más importante aún leer los términos y condiciones de suscripciones a sitios online o servicios, del uso de aplicaciones, de redes sociales, de tiendas online, etc., ya que es en esos documentos donde suelen incluirse cláusulas al respecto sobre las comunicaciones comerciales y el consentimiento para recibirlas.
¿A quién afecta la ley que prohíbe las llamadas spam?
La ley de prohibición para llamadas de spam se aplica a todo usuario que tenga una numeración fija o móvil asignada en España.
Y afecta a todas las empresas que comercialicen bienes o servicios en España, incluso si desde donde se efectúan las llamadas, el call center, no se encuentra en España. Es decir, que si nos llaman desde un call center ubicado en otro país, podríamos denunciar a la empresa (igual que ocurre con la ley de protección de datos, que es de aplicación a cualquier empresa que trate datos de ciudadanos de la UE, aunque no tenga su sede en la Unión).
Cabe señalar que si la empresa ha contratado la gestión de las llamadas comerciales a otra empresa de telemarketing situada en o fuera de España, la ley se le aplica a la empresa en cuyo nombre se hacen las llamadas, ya que esta es la responsable de los tratamientos (por ejemplo, si Vodafone contrata una empresa para que realice sus campañas de captación de clientes vía telefónica, será a Vodafone a quien habrá que denunciar y no al call center desde el que recibimos la llamada).
Por lo tanto, esta prohibición solo se aplica a las llamadas comerciales, es decir, que no nos servirá para evitar emails no deseados en nuestra dirección de correo electrónico, si queremos evitar el spam en nuestra bandeja de entrada, tendremos que seguir registrando nuestro correo electrónico en una lista de exclusión publicitaria.
¿Cuándo entra en vigor la prohibición de las llamadas spam?
Ya lo hemos adelantado, la ley de prohibición para llamadas spam entra en vigor el 29 de junio de 2023, justo un año después de la publicación en el BOE de la Ley General de Telecomunicaciones, tal y como se recogía en la disposición final sexta de esta ley.
¿Esta ley evitará que reciba llamadas spam?
Aunque es posible que no reduzca a cero el número de llamadas spam que recibimos en nuestros teléfonos (siempre hay empresas dispuestas a saltarse la ley), sí que debería contribuir a reducir notablemente el número de las mismas.
Además, si seguimos recibiendo este tipo de llamadas comerciales sin que hayamos dado nuestro consentimiento para ello, podremos denunciarlo ante la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos), que es la autoridad competente para recibir las denuncias e iniciar un expediente sancionador contra la empresa que incumpla la ley.
Eso sí, recordad que es posible que hayáis dado consentimiento a recibir este tipo de llamadas al aceptar los términos y condiciones de algún servicio o aplicación, por lo que, insistimos, es importante leer esta información para saber si existe alguna cláusula en la que se advierta de que podemos recibir este tipo de llamadas y que al aceptar los términos y condiciones, estamos dando nuestro consentimiento para ello.
Si queréis reducir aún más la posibilidad de recibir llamadas spam, al menos en el móvil, en nuestro artículo sobre cómo saber si un número es spam, os explicamos cómo hacerlo.
Sanciones por incumplir la normativa que prohíbe las llamadas spam
La Ley General de Telecomunicaciones prevé sanciones de hasta 100.000 euros para las empresas que sigan realizando llamadas spam sin el consentimiento de los usuarios, ya que se considera una infracción leve en la ley (artículos 108 y 109).
Las sanciones impuestas por la AEPD podrán ser recurridas por las empresas vía recurso de reposición ante la Dirección de la AEPD o a través de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
Finalmente, aunque hemos hablado de la ley de prohibición para llamadas spam, debemos matizar que en realidad se trata más de una limitación para este tipo de llamadas publicitarias por parte de empresas que comercialicen bienes y servicios en España, limitación que depende del consentimiento de los usuarios finales y de si es no de aplicación (en ausencia del consentimiento) alguna de las bases jurídicas del artículo 6.1 del RGPD.