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Derecho a la información en España

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La libertad de expresión representa una de las garantías del buen funcionamiento de las sociedades democráticas actuales. De hecho, libertad de expresión y sistema democrático pueden considerarse dos binomios inseparables. La posibilidad de comunicarse libremente en una sociedad constituye la piedra angular de todo sistema democrático, ya que sin ella, el sistema democrático no sería tal. De ahí la necesidad de preservar la libertad de expresión y permanecer en alerta constante de los riesgos a los que está expuesta de modo permanente. Y una de las manifestaciones de la libertad de expresión es el derecho a la información que vamos a analizar en este post.

¿Qué es el derecho a la información?

El derecho a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional como tal debido a la naturaleza representativa de los gobiernos democráticos. Es un derecho esencial para promover la transparencia de las instituciones públicas y para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Además, las Administraciones Públicas se financian con fondos procedentes de los contribuyentes y su misión principal consiste en servir a los ciudadanos por lo que toda la información que generan y poseen pertenece a la ciudadanía.

Este derecho consiste en el derecho de todos los ciudadanos a recibir información veraz por parte de los medios de comunicación.

¿Qué normativas lo regulan?

Para entender la libertad de expresión, es obligatorio subrayar la importancia y relevancia de la profesión periodística. Al tratar la libertad de expresión, como principio regulador del sistema democrático, resulta inevitable focalizar la atención en el papel que desempeñan los medios de comunicación.

El derecho a la información en España se regula en la Constitución española de 1978. En el artículo 20 hace referencia a la libertad de expresión y el derecho a la información, dentro del Título I, De los derechos y deberes fundamentales.

El artículo en cuestión es el siguiente:

“1. Se reconocen y protegen los derechos:

a. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio
de reproducción.
b. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c. A la libertad de cátedra.
d. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y las diversas lenguas de España.

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.”

Este artículo reconoce la libertad de expresión y el derecho a la información, si bien, debido a la manera en que queda formulada esta diferenciación, el artículo ha sido tildado de confuso.

Se consideran como contradicciones el hecho de que el primer párrafo reconozca a la vez derechos y libertades, que mezcle dos derechos distintos (libertad de expresión y libertad de información) o que dentro de un mismo derecho, el de información, haga referencia a su vez a dos derechos diferentes (comunicar información veraz y recibir la información). A ello se suma que el objeto de ambos derechos, el de expresión y el de información, sean distintos: para el primero se trata de la opinión, mientras que para el segundo, la información veraz. La ambivalencia en diferentes cuestiones ha hecho que su interpretación quede a cargo de la jurisprudencia de los tribunales.

El siguiente texto referente en el ordenamiento jurídico español en materia de la información es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, de Naciones Unidas, concretamente el artículo 19. Es el primer texto donde se reconoce el derecho a informar y a ser informado.

Este avance hay que entenderlo en parte como fruto de una serie de hechos que se desarrollan en esa época relacionados con cambios técnicos y empresariales en el ámbito periodístico. Se profesionaliza el periodismo: surgen las primeras empresas periodísticas, nace la prensa diaria, aumentan las agencia de noticias, la figura del periodista se sitúa en el centro del proceso informativo y se redactan los primeros códigos éticos de la profesión. La información empieza a valorarse como un producto de mercado; la publicidad se convierte en la principal fuente de ingresos.

El artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos entiende la libertad de expresión del siguiente modo:

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.”

Derecho de información y libertad de expresión

Muchas veces es difícil distinguir la libertad de información de la libertad de expresión, ya que están unidas. Es complicado separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones de la estricta comunicación informativa, ya que la expresión de pensamientos normalmente se apoya en la narración de hechos, y la comunicación de hechos o noticias no se produce en estado puro y comprende, casi siempre, algún elemento valorativo.

Por eso, en los muchos casos en que estas libertades aparecen entremezcladas el Tribunal Constitucional en sus distintas Sentencias tiene en cuenta el elemento preponderante de una u otra para identificarlas.

El objeto de la libertad de información es la noticia, esto es, los hechos que se consideran noticiables, ya que el derecho de informar es el que permite comunicar y difundir las noticias.

El objeto de la libertad de expresión son las ideas, pensamientos, creencias, opiniones y juicios de valor. Esta libertad configura la libertad de pensamiento o ideológica.

La libertad de expresión, en cuanto a su objeto, es más amplia que la libertad de información (la 1ª se puede constatar, la 2º solo verificarse).

Los derechos fundamentales tienen como límites siempre la libertad de los demás frente a la libertad de uno, ya que el ejercicio de los derechos de los demás es un límite a los derechos fundamentales.

Ambos tienen una serie de límites:

  • Generales:
    • Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen
    • Protección de la juventud y de la infancia
    • Libertad ideológica y religiosa
  • Específicos:
    • Para la libertad de información: para que su ejercicio sea legítimo exige que concurran los siguientes requisitos: el interés y la relevancia de la información divulgada y la necesidad de que la información sea veraz.
    • Para la libertad de expresión: cabe señalar el respeto a los derechos reconocidos en el Título I de la Constitución, De los Derechos y Deberes Fundamentales, en los preceptos de las leyes que los desarrollan y en los derechos ya en líneas anteriores.

Derecho a la información y cláusula de conciencia

El derecho de información comprende tres tareas que son:

  • buscar, asignada principalmente al sujeto profesional (llamado comunicador social, o periodista),
  • difundir asignada al sujeto empresario, y
  • recibir, propia del público en general.

La última tarea posee un componente pasivo, a diferencia de las dos anteriores que son activas.

Este derecho a la información se realiza en gran medida gracias a la labor del periodista profesional quien trabaja la mayoría de las veces en relación de dependencia.

El comunicador social o periodista cuando se halla en relación de dependencia se incorpora a una organización ajena y se le exige guardar el deber de fidelidad con todas las consecuencias que esa situación trae aparejada.

La prestación subordinada de trabajo y la necesidad de la conservación del empleo son dos elementos importantes en esta actividad desarrollada por el sujeto profesional de la comunicación.

La libertad de información, al igual que la contraprestación del trabajador, queda supeditada a quien tiene el poder y la disposición del dinero con el que se pagan todos los servicios. La cláusula de conciencia no está en nuestro ordenamiento constitucional, pero la encontramos implícitamente en el Estatuto del Periodista Profesional, en el artículo 5: “La libertad de prensa y la libertad de pensamiento son derechos inalienables, y no podrá negarse el carnet profesional, o ser retirado, o cancelado, como consecuencia de las opiniones expresadas por el periodista”.

Para estas situaciones se ha implementado la cláusula de conciencia que sería el medio legal por el que el comunicador puede en forma voluntaria dejar la empresa, con derecho a percibir una indemnización asimilable al despido indebido. Es esencial para garantizar la independencia y libertad de criterio, para elegir y tratar la noticia por parte del comunicador según sus principios éticos e ideológicos.

Derecho a la información y secreto profesional

Sentada la configuración del secreto profesional en nuestro ordenamiento jurídico-constitucional como un derecho, queda pendiente de precisar la razón de su fundamentalidad así como su relación con el derecho a la información.

A diferencia del secreto profesional reconocido en el ámbito de otras profesiones, la fundamentación del secreto del periodista no se encuentra en la protección de la intimidad ni en un deber jurídico de guardar secreto sobre la fuente, sino en el derecho a la información como derecho cuya titularidad corresponde a la sociedad, siendo el periodista un mero pero imprescindible intermediario.

La función realizada por los profesionales de la información es fundamental para configurar una opinión pública libre. Esto ha hecho que el secreto periodístico sea diferente del secreto profesional que opera en relación con otras profesiones.

El derecho de los periodistas a ocultar la identidad de la fuente pretende proteger la opinión pública, para evitar la manipulación y facilitar la información y su origen plural. Esto da lugar a una mayor riqueza y objetividad informativa.

El secreto profesional, como derecho, se encuentra reconocido junto con la cláusula de conciencia en el ejercicio de estas libertades, que no son otras que las libertades de comunicar o recibir libremente información. Por tanto, es en este marco de la libertad de información (y no de expresión) donde el secreto profesional tiene cabida y despliega sus efectos actuando como presupuesto de ejercicio de este derecho.

Derecho de acceso a la información pública

Cualquier tipo de información que posean las entidades públicas o aquellas entidades privadas que realicen funciones públicas, estará sometida al principio de publicidad. La denegación del acceso a cualquier tipo de información será excepcional y solo podrá fundamentarse en las razones incluidas expresamente en la ley de acceso a la información, como pueden ser la seguridad nacional, protección de datos personales, la protección de secretos comerciales, o la prevención o investigación de delitos.

Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes de información. Asimismo cada entidad pública y privada tendrá que designar uno o más funcionarios como Responsables de Información. El Responsable de Información recibirá y tramitará las solicitudes, ayudará a los solicitantes en el ejercicio de este derecho, e impulsará el uso del derecho de acceso a la información dentro de su institución.

Hay dos aspectos del derecho al acceso a la información pública:

  • Transparencia Proactiva: Es la obligación de los organismos públicos de publicar y dar a conocer la información sobre sus actividades, presupuestos y políticas;
  • Transparencia Reactiva: Es el derecho de los ciudadanos de solicitar a los funcionarios públicos cualquier tipo de información de y el derecho a recibir una respuesta documentada y satisfactoria.

Derecho a la información y protección de datos

La aplicación indiscriminada de la normativa sobre el derecho a la protección de datos de carácter personal a los medios de comunicación puede suponer una restricción excesiva de la libertad de información, uno de los elementos más característicos del patrimonio jurídico de las sociedades democráticas.

La necesidad de conseguir un equilibrio entre ambos derechos fundamentales, hace que la normativa europea en materia de protección de datos establezca la llamada excepción periodística que autoriza a los Estados miembros a establecer limitaciones a la aplicación de determinadas disposiciones.

El problema de la conciliación entre la libertad de expresión e información y el derecho a la protección de datos de carácter personal es, sin duda, uno de los más complejos de resolver puesto que la privacidad y el libre flujo de información se consagran como derechos fundamentales en permanente tensión.

Es posible defender una visión conciliadora entre ambos derechos de modo que el ejercicio legítimo de cada uno de ellos redunde en beneficio del otro y potencie, a su vez, su ejercicio. Así, una adecuada protección de los datos personales puede producir efectos beneficiosos en la libertad de expresión e información.

Si no se garantiza adecuadamente su intimidad, cabe la posibilidad de que las personas físicas se muestren reacias a expresar sus ideas.

El derecho a la protección de datos plantea importantes condiciones y restricciones al ejercicio de las libertades informativas porque estas implican la puesta a disposición del público de noticias e informaciones que pueden afectar a la privacidad de las personas a las que se refieren. Los datos personales son la savia de la información y la recogida, almacenamiento y difusión de esa información son actividades inherentes al ejercicio de las libertades informativas.

Por ello, la normativa reguladora en materia de protección de datos tiene un impacto muy significativo en la labor periodística con implicaciones tanto en la organización de las empresas de comunicación y en el método de trabajo de los profesionales de la información como en la publicación y difusión de las noticias.

El cumplimiento de estas obligaciones puede entrañar importantes restricciones al ejercicio de las libertades de expresión e información de los medios. Baste pensar en las implicaciones que la prohibición de tratamiento y difusión de datos sensibles supondrían para los medios que cubren asuntos relacionados con información criminal o con opiniones políticas, por ejemplo. O las consecuencias que la obligación de informar a los interesados generaría para el periodismo de investigación o para las fuentes de información de los periodistas.

Tampoco parece posible facilitar el derecho de acceso a y la rectificación de los datos personales durante la elaboración y redacción de la noticia y previamente a su publicación puesto que esto podría limitar gravemente la libertad de expresión.

Límites del derecho a la información

El derecho a la información está sujeto a ciertos límites, recogidos en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cuando suponga un perjuicio para:

  • La seguridad nacional.
  • La defensa.
  • Las relaciones exteriores.
  • La seguridad pública.
  • La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
  • La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
  • Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
  • Los intereses económicos y comerciales.
  • La política económica y monetaria.
  • El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
  • La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
  • La protección del medio ambiente.
  • La protección de datos personales.

La aplicación de estas limitaciones será, en todo caso, proporcionada atendiendo a su objeto y su finalidad de protección y deberá interpretarse de manera restrictiva y justificada.

Estas limitaciones sólo serán de aplicación durante el periodo de tiempo determinado por las leyes o en tanto se mantenga la razón que las justifique. Se concederá, en su caso, audiencia a aquellos ciudadanos cuyos derechos o interés legítimos pudieran verse afectados por la solicitud de acceso a la información presentada.

Cuando concurra alguna de las limitaciones al derecho de acceso se dará trámite de audiencia a la persona solicitante para que en el plazo no inferior a diez días ni superior a quince, alegue y presente los documentos que estime pertinentes a su derecho. En el caso de que la información solicitada se viera afectada por los límites señalados, se estimará parcialmente la solicitud y se indicará al solicitante qué parte de la información ha sido omitida.

Beneficios para los ciudadanos del acceso a la información

El derecho de acceso a la información produce importantes beneficios para los ciudadanos, entre los que destacamos:

  • Contribuye a que la toma de decisiones se fundamente en el conocimiento de información pública que cumpla con los principios de transparencia, buena fe, no discriminación, gratuidad, celeridad, eficacia, calidad, divulgación proactiva y responsabilidad en el uso.
  • Elimina las interpretaciones respecto a qué es lo que se puede y lo que no se puede conocer de la información pública.
  • Permite que se determine con certeza en qué casos se puede y se debe ejercer vigilancia.
  • Facilita el diligente ejercicio de la participación ciudadana.
  • Contribuye a que se pueda vigilar correctamente el cumplimiento de la función pública.
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