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Silencio administrativo: definición, tipos y plazos

El silencio administrativo sigue siendo suscitando bastante polémica en la jurisprudencia española. Y todo a pesar de que es un concepto en circulación desde hace más de 60 años. ¿Cómo afecta a aquellos que se hayan inmersos en procedimientos con la administración pública?

¿Qué es el silencio administrativo?

El silencio administrativo consiste en la estimación o desestimación tácita de las peticiones realizadas por un ciudadano ante la administración cuando ésta no se ha pronunciado al respecto una ve que ha transcurrido el plazo legal establecido.

Dicho de otra manera, el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado consiste en aceptar o rechazar las peticiones de los ciudadanos de manera automática si la administración no se ha pronunciado al respecto.

El silencio administrativo estimatorio es aquel que acepta las peticiones del ciudadano de forma tácita (también llamado positivo) mientras que el silencio administrativo desestimatorio rechaza automáticamente dichas peticiones (negativo).

Este mecanismo es uno de los propuestos por la jurisdicción para proteger a los ciudadanos ante el incumplimiento de sus deberes de las Administraciones Públicas.

El concepto de silencio administrativo no entra en juego cuando la administración actúa de oficio, puedes es la propia entidad pública quien decide cuándo y cómo tomar parte en el asunto.

Sin embargo, si el procedimiento se inicia a petición del interesado, la administración puede o no hacer caso a dicha solicitud. En caso de hacer caso omiso a los requerimientos del individuo, se estaría hablando de silencio administrativo.

¿Cómo y dónde se regula el silencio administrativo?

La normativa que regula el silencio administrativo es la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En concreto, el artículo 24 de la ley del silencio administrativo señala que “en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado (…) el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario“.

La ley estipula que en silencio administrativo tendrá carácter estimatorio, salvo en determinados supuestos:

  • Cuando se transfieran al ciudadano o a terceros facultades relativas al servicio público o al dominio público.
  • En caso de peticiones sobre actividades que puedan dañar al medio ambiente.
  • En procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
  • Procedimientos de impugnación de actos y revisiones de oficio.

¿Qué tipos de silencio administrativo existen?

Dependiendo de los efectos que tenga la falta de respuesta de la administración se puede hablar de silencio administrativo positivo o negativo.

Silencio administrativo positivo

La definición de silencio administrativo sería la situación que se produce cuando la administración pública no se manifiesta o no emite resolución alguna sobre un caso o asunto concreto. Dicho de una forma simple y coloquial, se da cuando la administración “pasa de ti”.

Sin embargo, existen diferentes formas de silencio administrativo, básicamente puedes ser positivo o negativo.

El silencio positivo es el que se impone como norma general cuando la administración no emite ninguna sentencia. Si no existe una normativa que indique lo contrario, el silencio administrativo siempre será positivo.

En caso de silencio administrativo positivo, se considera que la administración ha estimado las pretensiones del interesado. La resolución siempre será estimatoria. Al haber vencido el plazo para emitir un juicio, la administración pierde su potestad para anular los efectos de la sentencia favorable a tus intereses.

En definitiva, la administración no puede acogerse a ninguna normativa para emitir una sentencia desestimatoria, aunque considere que la reclamación del interesado está fuera de la ley. La única vía que tiene para revisar la resolución positiva es iniciar un nuevo procedimiento de oficio.

  • Ejemplo: Imagina que has interpuesto una demanda a la administración pública por no respetar el consentimiento para publicar los datos de trabajadores. En caso de que la administración no tome ninguna decisión al respecto en el plazo estipulado, tu reclamación se considera aceptada y la resolución favorable.

Silencio administrativo negativo

Por otro lado, está el silencio administrativo negativo. Este solo se puede dar en ciertas circunstancias. En concreto, cuando exista una norma con rango de ley en la jurisprudencia española, en la legislación europea o en la normativa internacional que sea aplicable en España.

En caso de que la administración pueda acogerse a una norma para que el silencio sea negativo, la resolución se considera desestimatoria. Es decir, la respuesta a la solicitud del interesado es un NO tajante, aunque no definitivo, como veremos más adelante.

Cabe decir que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece los casos concretos en los que el silencio administrativo puede ser negativo. Esto es así porque los legisladores se dieron cuenta de que la aplicación del silencio negativo de forma general favorecía el oscurantismo y la no actuación de la administración, que se “lavaba las manos” en numerosas solicitudes.

Estos son los casos en los que se puede aplicar un silencio administrativo desestimatorio:

  • Cuando los propios interesados son quienes inician un proceso de revisión de oficio.
  • En casos en los que entra en juego la responsabilidad de la administración pública sobre el patrimonio.
  • Si se trata de procesos que dirimen el ejercicio de actividades que pueden resultar perjudiciales para la naturaleza y el medio ambiente.
  • En procesos cuyo resultado provoque la cesión de derechos relacionados con los servicios o dominios públicos.
  • En caso de solicitar derechos de petición que afecten a personas físicas, asociaciones, empresas, organizaciones o instituciones.

De carácter tributario

La Administración Pública tiene la obligación de pronunciarse expresamente ante las peticiones de los ciudadanos en los procedimientos de aplicación de tributos e impuestos y otros temas tributarios. En caso de que la administración no se haya pronunciado en los pazos que marca la ley, se interpretará la resolución de acuerdo a la normativa aplicable.

Plazos del silencio administrativo

Los plazos administrativos para el silencio son normalmente de 3 meses, salvo en determinados casos que el plazo se puede aumentar hasta 6 meses.

En todo caso, desde la entrada en vigor de la norma 39/2015, la administración debe indicar cual es el plazo para resolver y publicarlo en su sede electrónica. Asimismo, está obligada a comunicar estos plazos al interesado en un período máximo de 10 días.

La ley 39/2015 de silencio administrativo obliga a la administración a emitir una resolución, sea cual sea la decisión que tome finalmente. En caso de haber vencido el plazo establecido está obligada a emitir un certificado de silencio administrativo, en el que se notifique al interesado la resolución final, ya sea estimatoria o desestimatoria.

silencio administrativo

Obligaciones de la Administración Pública respecto al silencio administrativo

El artículo 21.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas señala que “la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación“.

Y añade que “en los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables“.

Es decir, la administración está obligada a pronunciarse sobre las peticiones de los ciudadanos dentro de los plazos señalados en los artículos 22 y 23 de la Ley. Sin embargo, la normativa también prevé aquellos casos en los que la administración incumpla con sus deberes, en cuyo caso se aplicaría el artículo 24 relativo al silencio administrativo.

Efectos del silencio administrativo

El silencio administrativo puede tener efecto estimatorio o desestimatorio, en función de si la petición del ciudadano es aceptada o rechazada de forma tácita ante el silencio de la administración.

El artículo 25 de la Ley 39/2015 añade que en los casos en que la administración ejerza su potestad sancionadora o sea susceptible de realizar intervenciones que pueden tener consecuencias desfavorables para el ciudadano, el silencio administrativo se traducirá en la caducidad de dicha facultad. Es decir, si no se manifiesta dentro de los plazos previstos perderá su potestad sancionadora en dicho procedimiento.

¿Qué recursos se pueden interponer contra el silencio administrativo?

Llegados a este punto, si no estás de acuerdo con la resolución por defecto (evidentemente, si se trata de silencio negativo), puedes proceder de dos formas:

  • Esperar a la resolución final: la sentencia desestimatoria solo se válida mientras la administración no haya dictado una resolución. Es decir, el silencio negativo no es definitivo. La administración pública ha de emitir un juicio, el cual puede confirmar la sentencia desestimatoria o, por el contrario, cambiar de opinión y dictar una resolución favorable.
  • Si no se quiere esperar, se puede interponer un recurso de alzada por silencio administrativo. También se puede acudir a los tribunales correspondientes. Cabe destacar que no se establece un plazo para que el interesado puede interponer este recurso.

Silencio administrativo: Esquema

Los interesados en el procedimiento administrativo de silencio podéis tener en cuenta este esquema, en el que se puede ver de forma mucho más simple y con pocas palabras cómo funciona:

SILENCIO ADMINISTRATIVO: La administración pública no responde a tus peticiones o no hace caso a tus solicitudes.

  • Positivo:
    • Se considera que la administración estima tus pretensiones.
    • No se pueden anular sus efectos, pero sí iniciar una revisión de oficio.
  • Negativo:
    • Se considera la sentencia desestimatoria. Solo se puede aplicar cuando hay una norma con rango de ley que así lo permita. A partir de aquí hay dos opciones:
      • Esperar
      • Recurrir
  • Plazos para que la administración resuelva el caso:
    • Los que vengan estipulados por Ley, normalmente 3 meses
    • Máximo 6 meses
    • Debe comunicar el interesado la recepción del caso en 10 días, y establecer los plazos para su resolución

En definitiva, la normativa se ha modificado para que la administración no se limite a dar la “callada por respuesta” y que así las reclamaciones fueran automáticamente desestimadas. Ahora, si no actúa tiene un doble problema: aceptar reclamaciones que podrían no ser legítimas, e iniciar un nuevo procedimiento de oficio que le hará perder más tiempo que si hubiera emitido la resolución dentro de los plazos.

Ejemplos de Silencio administrativo

Ejemplo 1:

Una cafetería solicita a la administración la instalación de una terraza. En caso de que la administración no se pronuncie, se considerará la petición desestimada, ya que la colocación de dicha terraza supone la ocupación de un espacio público. Por tanto, estaríamos hablando de silencio administrativo negativo.

Ejemplo 2:

Una familia solicita la escolarización de un niño en un colegio público. Si la administración no se pronuncia al respecto se considerará la petición estimada.

Un partido político solicita la inscripción en el Registro de Partidos. El Ministerio del Interior tiene un plazo de 20 días para responder. En caso contrario, la solicitud se considerará estimada.

En estos dos últimos casos, estaríamos hablando de silencio administrativo positivo.

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