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Aspectos generales de la futura ley de protección de los denunciantes de corrupción

Aunque con retraso, el trámite para trasponer la Directiva Whistleblowing al ordenamiento jurídico español ya ha comenzado, publicándose el «Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción», más comúnmente denominada ley de protección de denunciantes de corrupción. En este artículo revisaremos sus aspectos generales y cómo afectarán a organizaciones privadas y públicas.

¿Qué es la ley de protección de los denunciantes de corrupción?

La ley de protección de los denunciantes de corrupción o ley de protección del denunciante, que todavía se encuentra en su fase de anteproyecto de ley, será la futura ley con la que se regule la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción, mediante la que se llevará a cabo la transposición de la Directiva 2019/1937 de la UE o Directiva Whistleblowing.

El objetivo de esta ley, por tanto, es proteger a las personas denunciantes, que en el texto son denominadas personas informadoras o informantes (puesto que el concepto de denunciante tiene connotaciones propias en nuestro ordenamiento jurídico) de cualquier tipo de represalias derivadas de su denuncia.

Así, el texto de la futura de ley de protección de denunciantes de corrupción recoge aquellas obligaciones establecidas en la Directiva de protección denunciantes o whistleblowers europea, como es la obligación de implementar un canal de denuncia interno en las empresas con más de 50 empleados, o garantizar la protección de la identidad del denunciante o informador. Además, el texto de la futura ley amplía algunos aspectos que la Directiva europea deja a discreción del legislador de los Estados miembros.

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Aspectos generales de la transposición de la Directiva Whistleblowing

La Directiva Whistleblowing y la transposición de esta en la ley de protección de denunciantes de corrupción tienen como fin, por un lado, combatir cualquier tipo de infracciones que puedan vulnerar diferentes ámbitos, como los derechos laborales, el medio ambiente, la seguridad de los alimentos, la prevención del blanqueo de capitales, la protección del medio ambiente o la protección de los consumidores, entre otros.

Y, por otro lado, crear un sistema eficaz de protección real y efectiva de las personas que informen de este tipo de irregularidades y corrupción, así como de aquellas personas cercanas al denunciante que pudieran verse también afectadas.

Aspectos generlaes ley de protección de los denunciantes de corrupción

Para lograr estos objetivos, la futura ley se estructurará en 68 artículos, tres disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias y ocho disposiciones finales (susceptibles de sufrir cambios, puesto que el texto todavía no es definitivo), en los que se establecen las obligaciones para las organizaciones públicas y privadas en el ámbito de la protección de los informadores de corrupción o infracciones, así como la creación del canal de denuncias interno, la creación de un canal externo gestionado por una Autoridad independiente, y el establecimiento de un régimen sancionador para las organizaciones que incumplan la ley de protección del denunciante.

Ámbito de aplicación

Las obligaciones de establecer canales de denuncia internos y medidas de protección para los informadores se aplicarán sobre infracciones que versen en determinados ámbitos. La Directiva 2019/1937 establece una serie mínima de ámbitos referentes a infracciones del derecho de la Unión, que los Estados miembros pueden ampliar de acuerdo a su legislación.

Así, las áreas que recoge la futura ley de protección de los denunciantes de corrupción e infracciones normativas son:

  • Contratación pública
  • Servicios financieros
  • Seguridad de los productos, de los alimentos y del transporte
  • Protección del medio ambiente
  • Sanidad animal
  • Seguridad Nuclear
  • Salud pública
  • Protección de los consumidores
  • Privacidad y protección de datos
  • Competencia
  • Mercado interior o intereses financieros de la UE
  • Y todas aquellas infracciones del ordenamiento jurídico que afecten o menoscaben directamente el interés general, entendido este afectado cuando las infracciones impliquen un quebranto para la Hacienda Pública

¿A quién afecta?

La futura ley de protección de los denunciantes de corrupción afectará a organizaciones públicas y privadas.

Respecto a las empresas, estarán obligadas aquellas con más de 50 trabajadores; de manera que las empresas con 250 trabajadores tendrán 3 meses para adaptarse a la ley una vez esta entre en vigor. Mientras que las empresas con entre 50 y 249 trabajadores tendrán hasta el 1 de enero de 2023 para ello.

Respecto a los grupos de empresas, la futura ley establece que estos deberán tener una política general común y habilitar un único sistema interno de denuncia para todo el grupo.

Además, estarán obligados a tener un canal de denuncias los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, las fundaciones que dependen de estos, siempre que gestionen fondos públicos.

En cuanto al sector público, tendrán las mismas obligaciones las Administraciones Públicas, las universidades y fundaciones, las corporaciones públicas y todos los órganos constitucionales. Aquellos municipios con menos de 10.000 habitantes podrán compartir medios para la recepción de informaciones de otros ayuntamientos de menor población o contar con entidades supramunicipales si sus actividades se circunscriben al ámbito de la misma Comunidad Autónoma.

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El sistema interno de información

Las organizaciones deberán implantar un sistema interno de información, es decir, un canal de denuncia interno, previa consulta con la representación legal de los trabajadores. Además, deberán designar un Responsable del Sistema y proporcionar información clara y accesible sobre el canal de denuncia, su funcionamiento y gestión.

La gestión de las denuncias a través del canal interno debe garantizar la protección del informante y la confidencialidad de su identidad, así como la de cualquier tercero citado en su comunicación, y de las actuaciones que se lleven a cabo, además de impedir el acceso a la información del personal no autorizado.

Las denuncias por el sistema interno de información podrán hacerse por escrito o de forma verbal, en este caso, deberán ser grabadas o transcritas de forma completa y exacta. El informante podrá revisar, rectificar y aceptar mediante firma la transcripción. También se establece que el canal podrá recibir denuncias anónimas y tramitarlas (en el texto de la ley no se habla de denuncias, sino de «comunicaciones», pero la idea es la misma).

Las denuncias e investigaciones deberán conservarse en un registro, que debe garantizar la confidencialidad y prever el acceso al mismo por requerimiento de la autoridad judicial, en el curso de un procedimiento judicial. Los datos personales contenidos en este registro solo podrán conservarse por el tiempo necesario, con un máximo de 10 años.

Una vez recibida la denuncia, las actuaciones de investigación deben tener una duración máxima de tres meses, que pueden prorrogarse por otros tres si la situación entraña especial complejidad.

La futura ley permite que la gestión del canal de denuncia pueda llevarse tanto a nivel interno en la organización como a través de un tercero externo, quien deberá ofrecer todas las garantías al respecto contempladas en la propia ley.

Autoridad Independiente de Protección del Informante

El Anteproyecto de Ley contempla la creación de una Autoridad Independiente del Informante. Se trata de un canal externo de información que podrá recepcionar denuncias y gestionarlas, además de garantizar la protección de los informantes.

La Autoridad Independiente del Informante, una vez admitida la comunicación (denuncia), comenzará la fase de instrucción, que finalizará con la emisión de un informe; este podrá archivar el expediente, iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal o la Fiscalía Europea los hechos denunciados, incluso si en principio no se apreciaran indicios de delito, o, si procede, remitir la información a otra Autoridad u Organismo competente.

Las resoluciones adoptadas por la Autoridad Independiente del Informante no podrán ser recurridas ni por la vía administrativa ni por la judicial.

La Autoridad Independiente del Informante será un organismo independiente y autónomo, aunque adscrito al Ministerio de Justicia, que tendrá potestad sancionadora para las infracciones contempladas en la ley.

Además, el Anteproyecto de Ley prevé la creación de canales externos de información en las CC. AA., que serán asumidos por Autoridades Independientes Autonómicas análogas a la Autoridad Independiente del Informante.

Protección ante represalias

Los informantes (denunciantes) tendrán derecho a medidas de protección frente a posibles represalias. Esta protección se extenderá a los informantes anónimos si posteriormente son identificados.

La futura ley prohíbe cualquier tipo de represalia contra el informante, como puede ser el despido, la degradación, la negación de ascensos, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo o cualquier acto o acción similar, así como el daño a la reputación o las situaciones de acoso laboral o incluso las evaluaciones de desempeño negativas injustificadas.

Este régimen de protección, que también se puede extender a las personas cercanas al informante que puedan verse afectadas, tendrá una duración de dos años a contar desde la finalización del procedimiento de investigación.

Siempre que la información revelada en la denuncia esté suficientemente motivada y justificada por el informante, no se considerará que este haya infringido ninguna norma respecto al secreto de las comunicaciones o las obligaciones legales de sigilo o de no revelar información reservada.

Además, la futura ley dejará sin efecto cualquier cláusula o disposición contractual que pueda impedir o pretenda limitar el derecho o la capacidad de informar sobre posibles delitos o infracciones, como son las cláusulas de confidencialidad que reflejan renuncias expresas.

Sanciones

Como dijimos, la futura ley de protección de denunciantes de corrupción contempla también un régimen sancionador y establece las infracciones y sanciones correspondientes en función de la gravedad.

Así, serán consideradas infracciones leves, graves o muy graves cualquier intento de obstaculización de las comunicaciones de infracciones o delitos de corrupción por parte de la organización y los gestores del canal de denuncia interno, vulnerar las garantías de confidencialidad y anonimato, tomar represalias contra los informantes o vulnerar el deber de mantener secreto sobre la información, entre otros.

En cuanto a las sanciones, la futura ley establece:

  • Para personas:
    • Multas de hasta 10.000 euros para infracciones leves
    • Multas de 5.001 a 30.000 euros para infracciones graves
    • Multas de 30.001 a 300.000 euros para infracciones muy graves
  • Para organizaciones:
    • Multas de hasta 100.000 euros para infracciones leves
    • Multas de 100.001 a 600.000 euros para infracciones graves
    • Multas de 600.001 a 1 millón de euros para infracciones muy graves

¿Cuándo entrará en vigor la ley de protección de los denunciantes de corrupción?

Todavía no hay fecha para la entrada en vigor de la ley de protección de los denunciantes de corrupción, puesto que todavía estamos hablando de un Anteproyecto de Ley que debe superar todos los trámites previstos, pero es de esperar que lo haga a lo largo de 2022, puesto que la UE ya ha advertido a España de la finalización del plazo para la transposición de la Directiva 2019/1937 (en diciembre de 2021) y de retrasarlo más, podría incurrir en sanciones por parte de la UE.

Con esta futura ley de protección de los informadores se espera lograr que afloren más casos de corrupción e infracciones, tanto en el ámbito público como privado, garantizando la protección de las personas que deciden dar un paso adelante y denunciar estos delitos.

Aquellas organizaciones que ya cuenten con programas de compliance y un canal de denuncias interno y que garanticen la transparencia empresarial, ya tendrán casi todos los deberes hechos respecto a esta futura ley, siempre y cuando la gestión y funcionamiento del canal de denuncia cumpla con las obligaciones recogidas en la misma.

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