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Compliance

Compliance penal: Definición y características

En las siguientes líneas explicaremos qué es el compliance penal, su origen y dónde se regula, así como si las empresas tienen o no la obligación de implantar un programa de compliance penal.

¿Qué es el compliance penal?

El significado de compliance penal es el de cumplimiento normativo penal y surge de la «mezcla» de dos conceptos, por un lado el propio compliance, como el conjunto de herramientas cuyo objetivo es prevenir la comisión de infracciones, irregularidades y delitos por quienes forman parte de una organización, es decir, son las herramientas destinadas a asegurar el cumplimiento de leyes, normas, códigos éticos, políticas internas, etc. dentro de la organización.

Y por otro lado, del Derecho Penal, que, en términos sencillos, es aquella rama del Derecho que regula la potestad punitiva del Estado y la imposición de sanciones ante aquellas acciones, actividades o hechos que afecten al orden normativo de la sociedad.

Por lo tanto, podemos definir el compliance penal como el conjunto de herramientas y medidas cuyo fin es prevenir la comisión de infracciones, irregularidades y delitos de carácter penal por parte de los miembros de una organización, de los que se puede derivar la responsabilidad penal de la organización.

Orígenes del compliance penal

Como no puede ser de otra manera, el compliance penal tiene sus orígenes en el propio compliance, cuyas primeras aproximaciones las encontramos en las consecuencias que trajo el caso Watergate y la exposición de diferentes casos de corrupción, lo que llevó a grandes empresas estadounidenses a crear funciones para verificar el cumplimiento normativo.

El compliance se asentó a comienzos del siglo XXI, especialmente a raíz de la crisis financiera de su segunda década, cobrando cada vez mayor relevancia para las empresas, pero también para la sociedad, que exigía un mayor control y transparencia a estas. Desde entonces, el compliance ha ido «especializándose» en diferentes áreas o ramas, como la del propio compliance penal, el compliance tributario o fiscal, el compliance financiero o el compliance en el sector público.

Normativa que regula el compliance penal en España

El compliance penal está regulado en el artículo 31 bis del Código Penal, donde se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas de 24 delitos, como son, por ejemplo, el delito de cohecho, el de tráfico de influencias, el de blanqueo de capitales, el de estafa, la insolvencia punible, los daños contra la salud pública o el delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, entre otros.

El artículo 31 bis.5 detalla, además, los requisitos que debe contemplar cualquier plan de compliance penal o plan de prevención de delitos penales (que veremos más adelante).

Objetivos del compliance penal

El principal objetivo del compliance penal para empresas es establecer un sistema de prevención de delitos penales, puesto que permite detectar los riesgos de cumplimiento a los que una empresa está más expuesta por su ámbito de actuación y su sector de actividad, así como por su tamaño (no todas las empresas están expuestas a los mismos niveles de riesgo penal).

Además, el compliance penal empresarial permite al conjunto de la compañía tener una mayor visibilidad sobre su funcionamiento y, por tanto, un mayor control sobre su forma de operar y sus procesos de toma de decisión, para asegurarse de que se observa el cumplimiento de las leyes y normas aplicables, reduciendo así posibles riesgos de incumplimiento de los que se pueda derivar su responsabilidad penal.

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¿Es obligatorio el compliance penal?

El compliance penal no es obligatorio, sin embargo, y de acuerdo al artículo 31 bis del Código Penal, tener implantado un plan de compliance penal o un plan de prevención de delitos penales, puede atenuar o eximir la responsabilidad penal de las empresas, siempre que este plan no sea meramente cosmético, esté adecuado a la empresa y su actividad económica y cumpla con al menos uno de los requisitos recogidos en el citado artículo del Código Penal.

Requisitos de un sistema de compliance penal

Como decíamos, el artículo 31 bis.5 del Código Penal establece los seis requisitos con los que debe contar una política de compliance penal:

  • Identificar las actividades en las que sea más probable que se cometan delitos o infracciones.
  • Establecer protocolos o procedimientos mediante los que se fijarán el proceso de voluntad de la empresa y de cómo se llevarán a cabo la toma de decisiones y la ejecución de las mismas.
  • Disponer de modelos para gestionar los recursos financieros adecuados para prevenir la comisión de delitos.
  • Imposición de la obligación de informar sobre posibles riesgos o incumplimientos al organismo encargado de vigilar el sistema de prevención de delitos.
  • Establecer un sistema disciplinario para castigar el incumplimiento de las normas contenidas en el plan de prevención.
  • Verificar periódicamente el sistema de prevención para hacer las modificaciones o ajustes necesarios cuando se produzcan cambios en la organización o tras la comisión de algún delito.

A la hora de valorar el plan de prevención de riesgos penales o el plan de compliance penal, los jueces tendrán en cuenta el principio de proporcionalidad, es decir, se valorará el tamaño de la empresa y su volumen de negocio, por lo que para determinadas empresas contar con uno solo de estos requisitos puede ser suficiente para atenuar su responsabilidad penal.

En cualquier caso, estos requisitos no son más que un pequeño manual de compliance penal, que las empresas pueden ampliar recurriendo a diferentes normas y estándares internacionales, entre los que destacamos la norma ISO 37301 de sistemas de gestión de compliance o la norma ISO 37001 para elaborar su política antisoborno.

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¿Por qué implantar un sistema de compliance penal?

Si el compliance penal no es obligatorio, ¿por qué implantarlo en la empresa? ¿Por qué invertir en el precio de un plan de compliance penal?

Las razones son varias:

  • Un plan de compliance penal efectivo y adecuado a la empresa y su actividad, como ya hemos dicho, puede atenuar e incluso eximir a la empresa de su responsabilidad penal ante la comisión de un delito por uno de sus miembros.
  • Permite tener un mayor control sobre los procesos y operaciones de la empresa.
  • Evitará que la empresa incurra en otros costes derivados de la imposición de sanciones económicas (cuyas multas pueden alcanzar los 9 millones de euros o el quíntuple del valor del beneficio obtenido por el perjuicio causado).
  • Evitará sanciones penales como pueden ser la disolución de la empresa, su suspensión o su inhabilitación.
  • Es una garantía ante terceros, como autoridades u otras empresas o socios, puesto que demuestra el compromiso con la cultura del cumplimiento normativo.
  • Puede suponer una ventaja en procesos de contratación pública.
  • Mejora la imagen corporativa y reputacional de las empresas.

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